La protección de los menores e incapacitados

De lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Constitución cabe inducir la existencia en el ordenamiento jurídico de un principio general de protección de los menores e incapaces.

La protección de los menores se lleva a cabo, por medio de la patria potestad que corresponde a los progenitores respecto de los hijos no emancipados alcanzada la mayoría de edad se prorroga con los hijos que hubiesen sido incapacitados; pudiendo también ser rehabilitada cuando se incapacita a un hijo mayor de edad que viviera en compañía de sus padres.

Así pues, la patria potestad resulta referible a los hijos no emancipados y, por medio de su prórroga o rehabilitación, a los hijos mayores de edad incapacitados.

La existencia de menores o incapacitados no sujetos a patria potestad determina la necesidad de procurar su guarda y protección por medio de ciertas instituciones jurídicas que revisten carácter subsidiario respecto de la paria potestad.

Por medio de la tutela se atiende a los menores no emancipados y también a los incapacitados cuando, debido a la entidad de la causa que motiva la incapacitación, la sentencia así lo determine.

Por su parte, la curatela tiene como referente a los emancipados cuyos padres hubieran fallecido o estuvieran impedidos para el ejercicio de las funciones de asistencia, a quienes gocen de la mayor edad, a los pródigos, así como a los incapacitados cuando la sentencia lo hubiera dispuesto.

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